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Los usuarios costearán el nuevo ‘apagón’ de la TDT

Ni el Gobierno ni las compañías de móvil ni las cadenas de televisión. Al final pagarán los de siempre. Las comunidades de vecinos deberán hacerse cargo de la mayor parte de los gastos de la resintonización de 1,4 millones de antenas de televisión que será necesaria por el nuevo apagón de la televisión digital terrestre (TDT) que tendrá lugar a partir del próximo otoño, como consecuencia de la nueva reordenación de frecuencias para dejar espacio a la telefonía móvil de cuarta generación (4G)

El Gobierno anterior se había comprometido por la Ley de Economía Sostenible a asumir completamente esos costes, que pueden ascender a 800 millones de euros, según los cálculos del Ejecutivo. A cambio, recibió de las operadoras de telefonía móvil más de 1.800 millones de euros en las subastas que tuvieron lugar el verano pasado para la asignación de esa franja de frecuencias ocupada hasta ahora por los canales de televisión, y conocida como dividendo digital.

Pero la situación crítica por la que atraviesan las cuentas públicas ha propiciado que el Gobierno de Mariano Rajoy solo vaya a subvencionar con 45 millones esa reantenización, cargando el resto del coste hasta los 800 millones al contribuyente, en este caso, las comunidades de vecinos y los particulares que habiten en viviendas unifamiliares.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, y su equipo habían intentado negociar con las empresas de televisión mitigar el proceso a costa de recortar a la mitad el número de canales a migrar con el fin de hacer más asequible el proceso. Pero las cadenas consideran que ese recorte equivaldría a una expropiación. Y las operadoras de móvil, como es lógico, no quieren ni oír hablar de asumir ningún coste adicional tras el pago de las frecuencias y el compromiso de que sería la Administración la que asumiera los costes. Así que Industria ha optado por la solución más fácil: que pague el usuario.

El anuncio no se ha hecho oficial, pero lo ha confirmado un cargo subalterno de Industria, en concreto, el subdirector general del Espectro de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (SETSI), Antonio Fernández-Paniagua, en su intervención en la XXXIV Asamblea General de la Federación Nacional de Instaladores de Telecomunicaciones (FENITEL), celebrada en Vigo el pasado viernes.

El segundo apagón de la TDT comenzará después del verano y obligará a la reorientación y adaptación de las antenas colectivas y a la reprogramación de los canales en los aparatos de televisión. Esta premura se debe a que el Gobierno de Rajoy ha decidido unilateralmente adelantar en un año, al 1 de enero de 2014, la liberación de la banda de frecuencias para la telefonía 4G, pese a que las bases de las subastas fijaban la fecha el 1 de enero de 2015.

El ministerio debe ahora redactar un procedimiento con el objeto de que las comunidades de vecinos puedan solicitar subvenciones parciales con cargo al fondo que destine Industria y que, en principio, ascenderá solo a 45 millones. Las organizaciones de consumidores pueden denunciar estos procedimientos si entiende que el Gobierno ha incumplido la ley al destinar los fondos de la reantenización a enjugar el déficit.

El anterior apagón analógico se cerró el pasado 2 de abril de 2010, cuando todas las emisoras cesaron sus emisiones analógicas y pasaron a emitir la señal digital (TDT). El nuevo apagón es, en realidad, una reordenación de frecuencias y de nuevos canales, porque afectará solo a la actual TDT.

Opinión:

Tiempo de descuento

La violencia de la crisis financiera en España y las críticas al Gobierno de Rajoy por parte de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (BCE) incrementan la sensación de deterioro de las instituciones en España. No se ve salida a la crisis del euro, surgen dificultades serias en varios de los órganos sobre los que se asienta el entramado institucional del país y se corre el riesgo de que aumente la desconfianza política.

Se trata de un extraño estado de cosas solo seis meses después de las elecciones generales. Además de lo que pueda hacer Europa respecto a la crisis financiera, hay que restablecer rápidamente el normal funcionamiento de las instituciones en España.

Es evidente que el Ejecutivo actual da sensación de desbordamiento. Los resultados quedan lejos de las promesas electorales del PP, que había ofrecido su llegada al poder como elemento suficiente para provocar un cambio radical de tendencia. Rajoy dispone de mayoría absoluta y cuenta con la legitimidad emanada de las urnas, pero él mismo ha tenido sobrada ocasión de comprobar que eso no le basta para sacar al país de la crisis. Se necesitan más ayudas, incluidas las de los mejores expertos, la del primer partido de la oposición y, probablemente, las de CiU y PNV, que son corrientes políticas centrales en sus respectivas autonomías. Para contener el deterioro institucional, les toca pactar.

Particular importancia reviste la cuestión del Banco de España. No solo por la crisis del sistema financiero, sino por el empeño del PP en atacar al gobernador dimisionario y en persistir en el error de que basta un cambio de personas para recuperar “el prestigio perdido”. Esa estrecha mentalidad partidista sobra por completo y el jefe del Gobierno debería haberla cortado. No se trata de colocar a un amigo en el Banco de España, sino al más competente. Todo ello sin perder de vista el incierto camino esbozado por la Comisión Europea y por el presidente del BCE, en el sentido de constituir un sistema bancario a escala europea y centralizar la autoridad encargada de su control. La realización de esa hipótesis implicaría una cesión importante de soberanía nacional, cuando aún no ha emergido un poder económico europeo, pero en todo caso es una cuestión que implica a más de un partido político.

En el caso del Poder Judicial, se alude al consenso PSOE-PP, que precedió al nombramiento de los actuales consejeros y de su presidente, Carlos Dívar, como la prueba de un fracaso de los partidos. Una vez más, es necesario matizar: cuando se descubre que la solución adoptada ha devenido en un fiasco, a ellos les toca rectificar y alumbrar otra más competente. Algo similar puede decirse del Tribunal Constitucional, algunos de cuyos miembros llevan años con el mandato caducado y han amenazado con tomar “medidas drásticas” si no se les renueva. Puesto que tales nombramientos corresponden legalmente a las cámaras parlamentarias, es exigible que resuelvan de una vez. El propio Congreso de los Diputados mantiene un perfil general demasiado bajo, con la mayoría resignada al papel de correa de transmisión del Gobierno, sin abordar los asuntos que más preocupan a la ciudadanía; en especial el de la crisis de Bankia.

Para responder al evidente deterioro institucional se necesita un rearme del sistema democrático. Es difícil concebir a los partidos políticos como el instrumento necesario para corregir lo que ellos mismos se han encargado de llevar tan mal, pero eso es lo que les toca. Las urnas les legitiman y deben demostrar que son capaces de restablecer el prestigio de las instituciones, como primer paso para recuperar esa confianza que se va cuarteando en el proyecto de España.

Editorial.